Motín contra la Intendencia

El Motín contra el Intendente Ceballos es un episodio de la Historia de Canarias en el cual se produce una sublevación en Santa Cruz de Tenerife que acaba con la vida del intendente Juan Antonio Ceballos.

La excepcionalidad canaria al monopolio de la Casa de la Contratación para el comercio con América, convirtió al archipiélago en un territorio donde se realizaban prácticas de contrabando, de las cuales la burguesía comercial salía beneficiada, así como también salían beneficiados otros sectores sociales como los estibadores de los puertos. Las otras potencias europeas como Inglaterra podían, a través de Canarias, comerciar con América pese a las restricciones de la Corona de España. Para controlar la práctica del comercio y evitar las actividades fraudulentas, la Corona española, bajo el reinado de Felipe V, impone la figura del Intendente.

Ceballos llegó a la Isla para administrar las rentas de la Corona, toda vez que Felipe V había establecido en La Habana el Estanco del Tabaco, que obligaba a vender el producto al precio que marcaba el Estado. Esta medida provocó en Cuba la rebelión de Los Vegueros y en Canarias, a la llegada de Ceballos, la rebelión de los estibadores mulatos que acabaron con su vida.

En Intendente Juan Antonio Ceballos llega a Canarias para imponer la institución de la Casa de la Aduana, lo que desató las iras tanto entre las clases pudientes que vivían del comercio, como de los estibadores portuarios, rebelándose estos últimos. El Intendente Ceballos es asesinado a puñaladas por los estibadores animados por el silencio del Capitán General de Canarias, que había mantenido una actitud silenciosa; sin embargo, tras el asesinato del Intendente, será el Capitán General quien ordene la represión del motín, apresando a 12 de los participantes en la rebelión al azar y ordenando su ejecución por medio del Garrote Vil, quedando en libertad los verdaderos instigadores del motín.

A raíz de este suceso, la Corona desistió en imponer la figura del Intendente en Canarias, pero a cambio, la Capitanía General debía de ser la encargada de vigilar la práctica del comercio, lo que obligo el traslado de su sede desde San Cristóbal de La Laguna a Santa Cruz de Tenerife, siendo este el primer paso para que con posterioridad Santa Cruz de Tenerife se convierta en capital de Tenerife y de Canarias.