Diferencia entre revisiones de «Ley de Puertos Francos de Canarias»
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| + | La Ley de Puertos Francos se componía de un conjunto de medidas económica que vino a suponer la liberalización de la entrada y salida de marcancías del archipiélago, impulsando desde entonces la economía isleña y constituyendo un importante incentivo fiscal para el comercio con y desde las islas. Ello favorecía a los intereses [[Inglaterra|ingleses]] y [[Francia|franceses]], que jugarán un papel destacado en la economía de Canarias, de modo que Canarias pasa a estar más vinculada a la órbita económica británica que a la española. El propio cónsul de Francia en Canarias, [[Sabino Berthelot]], jugó un papel en la declaración de Puertos Francos. | ||
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Los efectos beneficiosos de la ley duraron hasta entrado el tercer cuarto del siglo XX, cuando los Puertos Francos perdieron su atractivo como incentivo fiscal con la implantación del [[Régimen Económico y Fiscal de Canarias]] (REF) y el [[Tratado de la Unión Europea|mercado único europeo]]. | Los efectos beneficiosos de la ley duraron hasta entrado el tercer cuarto del siglo XX, cuando los Puertos Francos perdieron su atractivo como incentivo fiscal con la implantación del [[Régimen Económico y Fiscal de Canarias]] (REF) y el [[Tratado de la Unión Europea|mercado único europeo]]. | ||
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Zona franca
Una zona franca es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancías, así como exoneraciones de algunos impuestos o una regulación diferente de estos.
Puerto franco
Un puerto libre o puerto franco es un puerto con una jurisdicción relajada con respecto al resto del país. En la mayoría de los casos, esto significa que está libre de impuestos o con una regulación favorable. Estas regiones suelen tener una política autonómica especial y más desarrollada.
La Ley de Puertos Francos de Canarias
La Ley de Puertos Francos de Canarias fue promulgada por el ministro Juan Bravo Murillo en 1852, y reformada en 1902.
La Ley de Puertos Francos se componía de un conjunto de medidas económica que vino a suponer la liberalización de la entrada y salida de marcancías del archipiélago, impulsando desde entonces la economía isleña y constituyendo un importante incentivo fiscal para el comercio con y desde las islas. Ello favorecía a los intereses ingleses y franceses, que jugarán un papel destacado en la economía de Canarias, de modo que Canarias pasa a estar más vinculada a la órbita económica británica que a la española. El propio cónsul de Francia en Canarias, Sabino Berthelot, jugó un papel en la declaración de Puertos Francos. Esta ley provocó un notable crecimiento de la economía de las islas, favoreciendo el comercio y la exportación de la cochinilla en el tercer cuarto del siglo XIX y del plátano y el tomate con el continente europeo desde principios del siglo XX. El gran auge de la cochinilla, tras la crisis económica de la primera mitad del siglo XIX, estuvo unido a la promulgación de la Ley de Puertos Francos de 1852, que favoreció en comercio de Canarias con Europa, pero que a la vez destruyó los mercados internos del archipiélago, volcándose casi toda la producción agrícola canaria a la exportación, con un único producto que era la cochinilla. De este modo, para poder abastecerse de productos básicos antes producidos en Canarias, como los cereales, ahora había de recurrirse a la importación. La Ley de Puertos Francos, como ya se apuntó, estuvo directamente relacionada con la expansión colonial de las potencias europeas, sobre todo Inglaterra, sobre el continente africano, financiando las compañías inglesas las construcción del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria, a fin de que avituayaran de carbón a los buques que diban rumbo a las colonias. También fueron los ingleses quienes incentivaron el inicio del cultivo del plátano en Canarias, controlando las redes de exportación de este producto y el suministro de abonos y maquinaria agrícola.
Los efectos beneficiosos de la ley duraron hasta entrado el tercer cuarto del siglo XX, cuando los Puertos Francos perdieron su atractivo como incentivo fiscal con la implantación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el mercado único europeo.