Diferencia entre revisiones de «Audiencia de Cuentas de Canarias»
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El inmueble sigue las pautas arquitectónicas reinantes en la Europa de finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX. De este modo presenta un marcado estilo ecléctico, resumiendo los conceptos capitales del [[modernismo]]: utilización del hierro, grandes cristaleras para aprovechar la luz natural, funcionalidad industrial, líneas curvas, etc. | El inmueble sigue las pautas arquitectónicas reinantes en la Europa de finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX. De este modo presenta un marcado estilo ecléctico, resumiendo los conceptos capitales del [[modernismo]]: utilización del hierro, grandes cristaleras para aprovechar la luz natural, funcionalidad industrial, líneas curvas, etc. | ||
Revisión del 10:59 27 jul 2021
La Audiencia de Cuentas de Canarias es el órgano técnico del Parlamento de Canarias que está a cargo de la fiscalización externa de la gestión contable, económica y financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. El edificio sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias se encuentra localizado en plena zona centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la confluencia de las calles Pérez Galdós con Suárez Guerra.
Historia
Esta institución que se creó por la Ley 4/1989, de 2 de mayo, se vino a sumar a las siete Comunidades Autónomas que habían regulado órganos similares de control externo. Tras su constitución, la Audiencia de Cuentas se instaló en un inmueble alquilado en la calle Pérez Galdós, para posteriormente, en 1991, trasladarse a la que fue su sede hasta finales de 2000, el Palacete de "Villa Clara", en la Rambla del General Franco, al que por motivos de espacio se le sumó más tarde la casa contigua, llamada "Villa Petra".
Aparte de la función legislativa que la democracia parlamentaria atribuye al Parlamento, es también función de éste el control del Gobierno. Para ello existen diferentes instrumentos orgánicos específicos. De este modo, al igual que para el control del funcionamiento de la Administración con respecto a los ciudadanos está la figura del Defensor del Pueblo, los Tribunales de Cuentas se articulan para la fiscalización de la actividad económica y financiera y la rendición de las cuentas del Gobierno.
Históricamente la rendición de las cuentas públicas se realizaba ante el monarca. El primer antecedente de control de la Hacienda del que se tiene conocimiento, que se organiza análogamente a los actuales órganos de control externo, surge en España en el reino de Navarra con la denominada Cámara de Comptos creada en 1364 por el rey Carlos II el Malo. Más tarde, en 1436, el rey Juan II de Castilla y León hace lo propio con la Casa de Cuentas de Valladolid. Ya en tiempos constitucionales, se observan antecedentes del Tribunal de Cuentas en el Estatuto de Bayona de 1808, en la Constitución de Cádiz de 1812, en la Constitución de 1876, en la Constitución de la Segunda República en 1931 y en la Ley Orgánica del Estado de 1967.
Son dos los artículos que regulan las competencias del Tribunal de Cuentas de acuerdo a la Constitución de 1978. En particular el artículo 153.d) establece la responsabilidad del Tribunal de Cuentas en el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas. Hoy en día todas las Comunidades autónomas españolas, a excepción de Cantabria, La Rioja, Extremadura y Murcia disponen de órganos de control externo.
Sede
El edificio sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias albergó en sus orígenes la fábrica de tabacos “El águila” y posteriormente el periódico “La Tarde”. Desaparecido el diario tinerfeño, el edificio fue adquirido por el Parlamento de Canarias quien antes de destinarlo a su actividad actual, instaló allí las sedes de los distintos grupos parlamentarios, la biblioteca de la Cámara y parte del archivo.
El inmueble sigue las pautas arquitectónicas reinantes en la Europa de finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX. De este modo presenta un marcado estilo ecléctico, resumiendo los conceptos capitales del modernismo: utilización del hierro, grandes cristaleras para aprovechar la luz natural, funcionalidad industrial, líneas curvas, etc.
Aparte de la sede oficial ubicada en Tenerife, la institución cuenta con unas dependencias en Las Palmas de Gran Canaria, emplazadas hoy en día en la calle León y Castillo de la capital grancanaria.
Funcionamiento interno
La Audiencia de Cuentas de Canarias está compuesta por cinco miembros (Consejeros o Auditores), quienes son elegidos para un mandato de cinco años por el Parlamento de Canarias por mayoría de tres quintos. Los cinco consejeros eligen al presidente, de entre ellos mismos, por mayoría absoluta. Juntos, conforman el Pleno, órgano colegiado de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
El presidente es el máximo representante de la institución. A él le corresponde la comparecencia ante el parlamento para presentar informes. Asimismo, es quien asigna a los consejeros las diferentes tareas de fiscalización. En la actualidad la Audiencia de Cuentas se organiza en cuatro áreas de fiscalización, cada una de las cuales, dirigidas por cada uno de los consejeros. Completan la estructura del órgano, un Gabinete de la Presidencia y la Secretaría General.
Las áreas son las siguientes:
- Área de Comunidad Autónoma
- Área de Cabildos Insulares
- Área de Ayuntamientos
- Área de Otros Entes Públicos
Funciones
Las funciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias son:
- Asesorar al Parlamento de Canarias en la materia propia de sus competencias.
- Fiscalizar las gestiones económico-financieras del sector público de Canarias.
- Desarrollar las funciones de instrucción jurisdiccional que, por delegación, le encomiende el Tribunal de Cuentas.
- Presentar dictámenes y consultas que en materia de contabilidad pública y de actividad económico-financiera le sean solicitadas por los entes del sector público.
El sector público sometido al control de la Audiencia de Cuentas está integrado por:
- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos corporaciones, entidades públicas y todas aquellas empresas que estén participadas por los anteriores.
- Las Cámaras de Comercio, Cámaras Agrarias, Cofradías de Pescadores y las Fundaciones, así como otros organismos o entidades que administren o hagan uso de fondos públicos procedentes del resto de empresas del sector público.
- Los organismos locales que integran el territorio de la Comunidad Autónoma, así como los organismos autónomos y entidades públicas que de ellos dependan.
- Las Universidades Públicas existentes en la Comunidad Autónoma.