Inquisidor general

El inquisidor general o gran inquisidor (en latín: Inquisitor Generalis) fue la máxima autoridad oficial de la Inquisición española. El primero y probablemente el más famoso fue Tomás de Torquemada, religioso dominico.

El nombramiento correspondía al papa a propuesta del rey de la Monarquía Hispánica, aunque en la práctica el pontífice se limitaba a confirmar a las personas designada por el monarca. Tras cada nombramiento el papa promulgaba un breve pontificio en el que delegaba su autoridad para reprimir la herejía en el nuevo inquisidor, así como le otorgaba la condición de juez supremo en todas las apelaciones de las sentencias de los tribunales provinciales. A partir de ese momento el inquisidor general podía actuar sin estar mediatizado por Roma. El inquisidor general era en realidad un cargo de la monarquía más que una dignidad eclesiástica, pero el rey no podía destituirlo, porque no dejaba de ser un delegado papal, y si el cargo quedaba vacante los tribunales provinciales no podían actuar.

Tras la resolución de las Cortes de Cádiz en el siglo XIX, tuvo lugar la abolición definitiva de la Inquisición, que había recibido con el libro de Juan Antonio Llorente una crítica demoledora. Precisamente, el presbítero canario Cristóbal Bencomo y Rodríguez quién fue confesor del Rey Fernando VII de España y Arzobispo titular de Heraclea, fue propuesto por el propio Rey como Inquisidor general de España (cargo rechazado por el mismo Bencomo). Esto se debió entre otras cosas a que Bencomo entendía que tras la Constitución de Cádiz, el Santo Oficio era una institución llamada a la desaparición, pues no contaba con la simpatía de la mayoría de los estamentos seglares y eclesiásticos. Ocuparía su lugar Jerónimo Castillón y Salas, obispo de Tarazona, quién a la sazón, sería el último Inquisidor general de España.