Corrupción urbanística en Canarias

La corrupción urbanística es el abuso del poder de los cargos públicos vinculado a la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con objeto enriquecimiento ilícito.

Sus causas son muchas y muy diversas, y un punto clave es la financiación de los ayuntamientos. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central.

Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos. Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años.

La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo. Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.

La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2.006 señaló: “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el Informe Auken (elaborado por la eurodiputada verde danesa Magrete Auken) elaborado tras 5 años de estudios con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. Este informe (aunque no vinculante) pedía, entre otras cosas a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, recordaba que la Comisión [...] está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión y criticaba los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales. La aprobación del Europarlamento se llevó a cabo a pesar de la campaña de los partidos mayoritarios españoles PP y PSOE en su contra.

El desarrollo de la actividad turística en Canarias, que lleva aparejado el crecimiento urbanístico y el sector de la construcción, está ligado a varios de los casos de corrupción en el archipiélago.

Como dato destacable, hay que señalar que Lanzarote es el lugar con mayor cantidad de imputados por corrupción urbanística de España, con cerca de un imputado por cada 700 personas, y 22 complejos turísticos ilegales.[1]

Casos de supuesta corrpción urbanística investigados en Canarias

• Arona: Caso Arona. Estuvo involucrado Coalición Canaria.

• Arrecife: En mayo de 2009, fueron detenidas nueve personas tras el registro del Ayuntamiento de la citada localidad, en el marco del Caso Unión. Supuestamente, se intentaba amañar el Plan de Ordenación Municipal para favorecer los intereses de determinados constructores. Por tales hechos fue imputado el alcalde, Enrique Pérez Parrilla (PSOE). En abril de 2010, fue también detenida la exalcaldesa del municipio, María Isabel Deniz, de Coalición Canaria, así como el exconsejero del Cabildo de Tenerife Miguel Ángel Leal (PSOE) por corrupción urbanística, acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Derivado de este apareció la Operación Jable.

• Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.^{[sin referencias]}

• La Oliva: Caso González Arroyo, Detenido el alcalde por Presunto delito de cohecho y soborno.^{[sin referencias]}

• Firgas: El alcalde, Francisco Ponce, fue condenado en 2002 a 9 años de inhabilitación por un caso de prevariación, estando pendiente en otro caso por irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas.[2]

• Fuerteventura: Caso González Arroyo el ex alcalde por presunto delito de cohecho y soborno.^{[sin referencias]}

• La Oliva: Caso González Arroyo, El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González Arroyo (conocido como Marqués de La Oliva), por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.^{[sin referencias]}

• Mogán: Operación Góndola, Detención del alcalde del PP, y otras cuatro personas vinculadas al Ayuntamiento por financiación ilegal del PP con dinero público, compra de votos y regalar permisos de Construcción en zona protegida por la Unión Europea, corrupción urbanística.^{[sin referencias]}

• La Orotava: Caso el Trompo. Afectó al alcalde de Coalición Canaria Isaac Valencia Domínguez.

• Las Palmas de Gran Canaria: Caso del Chalet. Estuvo investigado el líder del Partido Popular José Manuel Soria cuando este era presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria.

• Santa Brígida: Operación Brisan, Detenidos Tres Ex-Alcaldes del PP y otras siete personas por presunto enriquecimiento personal, financiación ilegal y corrupción.^{[sin referencias]}

• Santa Cruz de Tenerife: Caso Las Teresitas, Garzón implica al alcalde, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) y pide que se investigue al presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor en una presunta trama de comisiones ilegales. Imputado igualmente por la Fiscal Anticorrupción junto a otros concejales y empresarios por el caso de "Las Teresitas" por el que se compró a precio de oro terrenos para construir en dicha playa y los terrenos localizados en el Valle de Las Huertas. Finalmente sería declarado culpable ingresando en prisión. ^{[sin referencias]}

• Telde: El 'caso Faycán' se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres, le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Desde entonces han sido detenidas más de 25 personas, entre ellas el alcalde y media corporación municipal, el responsable del PP en Telde, y más tarde su sucesor en el cargo. Según algunas informaciones, citadas por el diario 20 Minutos, el dinero de las comisiones podría haber ido a parar al PP.^{[sin referencias]}

• Caso Eólico
• Caso Salmón